De nueva cuenta, la 4T planea destruir la propiedad privada desde el Congreso de la Ciudad de México. Una nueva y atropellada iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario ha sido presentada por la fracción parlamentaria de Morena en el congreso de la CDMX. Esta nueva amenaza confiscatoria la entienden como un paliativo ante el desastre económico por el Covid-19, el estancamiento productivo que azota al país y la creciente pérdida de empleos.
Arrojar gasolina a un incendio se ha convertido en la especialidad de ese grupo parlamentario en la CDMX.
La propuesta es acorde con el sentido de otras anteriores (véanse la de 2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y la Ley de Extinción de Dominio, que abre la posibilidad contra cualquier particular de perder un inmueble en condiciones peores de indefensión que ante una expropiación).
La nueva iniciativa de la 4T en la CDMX fortalece el torrente de agresiones antijurídicas del cual también forma parte la iniciativa (julio 2019) para extinguir el dominio de los bienes inmuebles en los que ocurriera quebrantamiento de sellos de clausura, aún con el desconocimiento del legítimo propietario.
Al igual que las precedentes, la nueva amenaza atenta directamente contra el legítimo propietario inmobiliario, excluye cualquier forma de sanción contra un arrendatario incumplido o invasor urbano.
Está hecha para permitir acciones confiscatorias contra los propietarios inmobiliarios sopretexto de que obtienen beneficios excesivos de la pandemia. Vayamos por partes:
El Inegi considera que hay actualmente 12 millones de personas sin trabajo y que el índice de mexicanos en pobreza extrema podrá duplicarse en esta administración. Es en este triste escenario de fondo y como una respuesta al grave curso económico y social de la crisis 2020, que Morena busca aprobar esas nuevas reformas al código civil en materia de arrendamiento.
Entre aplausos distractores, por la minicumbre presidencial México-EU, los diputados morenistas deslizarán contra arrendadores y propietarios de inmuebles capitalinos una ley que hace exigibles contratos de arrendamiento de casa habitación por un mínimo de tres años, de tal suerte que cada contrato por cualquier plazo menor sea considerado absolutamente nulo.
La propuesta señala que si el contrato no puede ser exhibido físicamente por el arrendador, este no podrá demandar el pago de las rentas vencidas y menos exigir el desalojo al inquilino moroso e incumplido. Prohíbe, asimismo, que se pida fianza como garantía colateral para un arrendamiento o que se investigue y garantice con bienes inmuebles por parte del inquilino o de su fiador.
La 4T insiste en agredir a los inversionistas, especialmente inmobiliarios a través de legislaciones como esta que comentamos.
El texto propuesto repite la fórmula del artículo 60 de la ley constitucional de derechos humanos, otorgando al incumplido y al moroso protección, defensa y salvaguarda no así al ciudadano que sí cumple con la ley.
Una iniciativa de esta naturaleza atenta contra la libertad contractual y las reglas de equidad que rigen los contratos, es una reforma intervencionista del más irresponsable y burdo estatismo que ubica al inquilino como menor de edad incapaz, un sujeto sin albedrío ni voluntad, colocado ante un arrendador sinvergüenza y abusivo.
Detentar una propiedad en calidad de dueño es en todo el planeta (con excepciones contadas) un derecho humano, así como el de gozar de una vivienda y el de no ser desalojado sin un juicio justo, con legalidad, defensa y garantía de audiencia.
Ante la vulneración de uno de esos derechos el estado debe desde luego intervenir como garante, pero no –como propone Morena– a costa de los derechos de otro particular.
La reforma es incluso formalmente innecesaria, pues el código civil en su artículo 1796 bis, establece la cláusula de equidad contractual “rebus sic stantibus” que permite a las partes situadas ante fenómenos imprevisibles, que los llamados contratos onerosos encuentren una composición equilibrada y en caso necesario, con auxilio del juez, puedan equilibrarse las prestaciones pactadas.
Pretende aplicarse a los nuevos y a los vigentes contratos de arrendamiento sin distinción alguna, por lo que es una reforma contra la Constitución por su pretensión de aplicarse retroactivamente.
La reforma de ser aprobada, desalentará la inversión inmobiliaria, generará incertidumbre jurídica en la población temerosa de no poder reivindicar su propiedad a manos de aprovechados y abusivos, y golpeará aún más al sector de la construcción que, desde agosto de 2018 ha sido golpeada constantemente.
Ni qué decir –ante un régimen probadamente indispuesto a generar valor pero siempre listo para destruirlo– que este nuevo ataque pasa por alto que el arrendamiento equivale al 1.5% del PIB federal, es de fondo insensible ante el hecho de que el 41.2% de las viviendas existentes son arrendadas, que 25.3% de los comercios también y que un elevado porcentaje de propietarios tienen que acudir a los créditos hipotecarios para adquirir la vivienda.
Hay en el Congreso de la CDMX diputados que podrán impedir este brutal despropósito y ataque contra a la propiedad privada y busquen que el gobierno de la CDMX gaste más y mejor en apoyar albergues temporales, en construir unidades habitacionales eficientes, dignas y decorosas con créditos al alcance de la población que, por su agravada condición económica carecen de un techo seguro. Pero quizá decir esto o buscar alternativas de fondo en esta materia sea demasiado ante un gobierno que no atiende ni ofrece soluciones pero es hábil, ávido, atropellado y casi frenético para proponer soluciones hurgando siempre en los bolsillos de los particulares.
El artículo 60 de la ley de derechos humanos que protegía a los invasores fue revertido gracias a la intervención de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Estará enterada de esta injusta iniciativa?
